Ante las recurrentes quejas del gobierno mexicano por lo que considera un hostigamiento a su embajada en La Paz, Bolivia advirtió que no bajará la vigilancia policial en inmediaciones de esa legación, ya que está destinada a hacer cumplir las órdenes de aprehensión emitidas contra los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran asilados en esa dependencia diplomática.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, negó que con ello se vulnere la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tal como insinuó el gobierno de Manuel López Obrador, ya que la vigilancia policial se realiza exclusivamente en territorio boliviano.

Dijo que como el gobierno mexicano decidió movilizar decenas de efectivos para dar seguridad a Morales cuando éste llegó a su territorio, el gobierno boliviano tiene el derecho de movilizar el personal que considere conveniente para garantizar el cumplimiento de la ley en su territorio.

“Ellos en su país pueden hacer lo que les parezca adecuado y nosotros, en el ejercicio de nuestra soberanía, haremos lo mismo para garantizar el cumplimiento de la ley. Y en esto quiero ser enfático, no vamos a permitir que nadie que tenga cuentas pendientes con el país de la anterior administración abandone Bolivia”, sentenció.

• México pide a Bolivia que cese el ‘hostigamiento y amedrentamiento’ a su embajada

Se conoce que nueve exfuncionarios del gobierno de Morales permanecen en esa repartición diplomática, entre ellos los exministros de Culturas, Willma Alanoca y de la Presidencia Juan Ramón Quintana, ambos procesados por delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo a un reciente comunicado del gobierno mexicano, en total existirían cuatro órdenes de aprehensión, que fueron notificadas a la embajada “con una fecha posterior al otorgamiento de los asilos”.

Además de Alanoca y Quintana, permanece en esa legación el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna, procesado por fraude electoral.

Santamaría lamentó que personas buscadas por la justicia boliviana para que den explicaciones sobre delitos cometidos en el país encuentren refugio en la embajada mexicana y ratificó que la movilización de efectivos fuera de esas dependencias no vulnera tratados internacionales.

“Lo que estamos haciendo es cumplir un tratado, es darle seguridad a una legación diplomática como a todas las demás, porque entendemos que  ellos ejercen soberanía sobre esa residencia y sobre la embajada, pero no admitimos que se nos diga si la cantidad que nosotros ponemos fuera de esas instalaciones es suficiente o no. Nosotros hemos puesto el personal necesario para garantizar el cumplimiento y los requerimientos judiciales que buscan a gente que tiene cuentas pendientes con la justicia”, afirmó. (26/12/2019)