Senadora de Farc reabre debate sobre reclutamiento infantil y verdad

Sólo en la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a víctimas de las Farc, hay 1.200 mujeres que han denunciado haber sido reclutadas siendo menores de edad y abusadas sexualmente durante el infierno que vivieron en las filas del grupo guerrillero.En su informe, Una guerra sin edad, el Centro nacional de memoria histórica reconoce que entre los años 1958 y 2015 se documentaron en el país 6.789 hechos de reclutamiento forzado de menores de edad, aceptando un subregistro que hoy es imposible cuantificar por múltiples razones, de los cuales en el recuento general se le atribuyen a las Farc el 45% de esos hechos.Lea:Reclutamiento y utilización asechan a la niñezEn ese mismo sentido, la ONG Human Rights Watch estimó en 2002 que los menores de edad víctimas de reclutamiento forzado en Colombia eran 11.000, la mayoría responsabilidad de las Farc y los paramilitares.Y en informe de la ONU 2018, sobre crímenes contra la infancia en conflictos armados, se citó a Colombia como el tercer país, de 43 afectados por este crimen, con mayor cantidad de menores de edad afectados por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, siendo la Farc el mayor responsable.Por eso el país se estremeció y las víctimas se indignaron al escuchar esta semana las declaraciones de Sandra Ramírez, quien permaneció durante 35 años en las filas del grupo guerrillero y hoy es senadora de la República por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), además designada este 20 de julio como segunda vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, en las que aseguró en el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, que “nosotros no teníamos una política de reclutamiento de menores, eso no se podía”.Un discurso que el partido Farc y todos sus integrantes han sostenido desde la firma del Acuerdo de Paz, pero que el país no cree. Y no cree porque son muchas las denuncias y los testimonios de víctimas que reclaman justicia, y que hoy se sienten nuevamente vulnerados y agredidos por quienes se comprometieron a decir la verdad y no cumplen, tratando de esconder y minimizar cuantitativa y cualitativamente semejante violación al Derecho Internacional Humanitario, clasificado en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad, por ser hechos que rompen la vida de las víctimas y destruyen familias.Según Ramírez, quien fuera compañera sentimental de alias tirofijo, no “se explica de dónde salen esas cifras de miles de menores reclutados por las Farc”, donde sólo “se tenían jóvenes entre los 14, 15 y 16 años, que no eran reclutados sino que estaban allí por su voluntad”.Pero vale recordar que estas excusas de los victimarios han sido descalificadas a todo nivel por organismos internacionales, pues se considera que el reclutamiento y/o la utilización de menores de edad en los conflictos armados son un delito imputable a quien lo ejerce, e incluso en Colombia, asociado y agravado en muchos casos por el abuso sexual, son hechos no amnistiables ni indultables.La declaración de Sandra Ramírez causó toda clase de reacciones en las que se reitera, una vez más, que sólo con la verdad aceptada y confesada por los victimarios se podrá honrar y reparar a las víctimas que sienten que han sido olvidadas, y de paso darle al proceso de paz el cumplimiento y la validez que ellos mismos reclaman.

El Mundo

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