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¿El autódromo de Bello es inviable?: auditorías destapan nuevos líos en la obra
Pese a los más de $150.000 millones que ya se ha tragado desde 2019, el Central Park sigue con graves rezagos que tienen hasta su certificación internacional en el limbo.
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Aspecto de las obras en el autódromo de Bello o Central Park de Bello en febrero de 2024. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ -
Apartes del informe técnico de la Contraloría General de la República. -
Apartes del informe preliminar emitido por la Contraloría General de Antioquia.
19 de junio de 2024
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Después de más de cuatro años de problemas, denuncias y millonarias adiciones presupuestales, el autódromo de Bello o Central Park aún está lejos de dejar de ser un elefante blanco.
Sin importar los múltiples esfuerzos y planes de recuperación por parte de la Gobernación de Antioquia, la megaobra continúa atrapada en un laberinto de líos administrativos, procesos de los órganos de control y cuestionamientos ambientales que no han sido subsanados.
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A través de dos informes que vieron la luz este mes, la Contraloría General de República y la Contraloría de Antioquia no solo revelaron que luego del cambio de gobierno el escenario se mantiene con varios de sus componentes constructivos incompletos (como accesos, alcantarillado y sistema de energía), sino que no tiene margen contractual para emprender varias obras de mitigación de ruido esenciales para no infringir las normas ambientales.
De igual forma, el escenario se mantiene en el limbo de cara a su certificación en organismos como la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cuyo visto bueno es crucial para que allí se realicen competencias de deportes a motor de alto rendimiento.
Además del presunto daño patrimonial de $112.684 millones calculado preliminarmente por la contraloría nacional en 2022, un equipo auditor de la Contraloría de Antioquia señaló por su parte encontrar hallazgos fiscales por $27.999 millones, de los que ahora también tendrá que defenderse la Gobernación de Antioquia.
Lo que dicen los informes
Por el lado de la Contraloría General de la República, los nuevos hallazgos vienen por cuenta de un informe técnico que se conoció este mes, en el que ese ente de control revisó a fondo la situación del complejo deportivo.
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Con base en los primeros hallazgos documentales que quedaron plasmados en el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal al que fueron vinculadas 16 personas hace dos años (incluidos exgerentes de Indeportes Antioquia y de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia, Viva) el órgano reveló que el lugar continúa inconcluso por varios frentes.
Apartes del informe técnico de la Contraloría General de la República.
Uno de los componentes más críticos está en la construcción del acceso principal del autódromo, que tras más de cuatro años de obras aún no tiene ni siquiera los permisos de aprovechamiento forestal, que no fueron incluidos en el proceso de formulación y aprobación del proyecto según la Contraloría.
De igual forma, el ente reveló que el escenario no tiene servicio de alcantarillado y que su sistema de energía aún está desconectado a la red principal de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por falta de permisos.
“En la actualidad el parque de deportes a motor no se encuentra prestando el uso para el cual fue concebido, a pesar de que las obras ejecutadas por las firmas contratistas”, concluyó la Contraloría en sus pesquisas técnicas, añadiendo que en la pista de carreras también hay problemas.
En este último componente, la institución apuntó que, a pesar de las obras que se vienen adelantando, la misma está sin terminar y no tiene barreras de seguridad, indispensables para la realización de cualquier competencia.
Si bien la Contraloría señaló que la pista ya no tendría los fallos en el pavimento, situación que en 2023 denunció la Gobernación, sí advirtió que hasta no tener ese y otros componentes subsanados la obra está lejos de ser operativa y de cumplir la función para la que han sido invertidos más de $150.000 millones de recursos públicos.
Una de las últimas perlas que se desprende de esas pesquisas consiste en que la Contraloría encontró que por fallas de seguridad al proyecto le fueron hurtados en 2021 componentes como tuberías metálicas, tapas registros monoblock y tanques de hidrocarburo por un valor de $257 millones.
En contexto: La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por el Central Park contra 16 personas
En los documentos contractuales, el ente halló que en mayo de 2021 el entonces constructor principal, Ingecon, le envió oficios a la gerente de Viva y al gerente de Indeportes alertando sobre los vandalismos en la obra y anticipando que no se haría responsable por esos faltantes, que eventualmente podría constituir un detrimento patrimonial al Estado.
Precisamente en cuestión de plata, el otro informe que le abrió un nuevo problemas al Departamento se trata de una actuación especial que adelantó la Contraloría General de Antioquia (CGA) y que publicó sus hallazgos preliminares este mes.
En dicha revisión, el ente regional calculó hallazgos fiscales e incidencias administrativas por un valor de $27.999 millones, que asoció a deficiencias en la etapa de planeación, valoración de los riesgos sociales y deficiencias técnicas por parte del Departamento durante la ejecución del contrato.
Apartes del informe preliminar emitido por la Contraloría General de Antioquia.
Además de advertir no ver un soporte técnico que diera cuenta del plan del Departamento para que el lugar reporte utilidades y funcione para lo que fue concebido, por el lado ambiental la CGA emitió otra alerta relativa a los líos de ruido que desde 2019 vienen siendo denunciados por otros entes de control y organizaciones ciudadanas.
En concreto, la CGA sostuvo que luego de revisar los últimos contratos que se firmaron, encontró que las obras de mitigación de ruido que demandará el lugar no quedaron contempladas en los alcances de los contratos, por lo que no se sabe cómo se harán.
“(...) se hace necesario tomar medidas correctivas y preventivas que permitan adecuar el proyecto a los requerimientos establecidos por la legislación ambiental vigente, garantizando así el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y la protección del entorno urbano y natural”, advirtió el ente fiscal.
De igual forma, en el escenario de una operación, la CGA mostró en su informe un cruce de comunicaciones con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), órgano en el que cursa una solicitud para que el autódromo sea declarado de categoría 3.
En dichos oficios, la FIA advirtió que hasta que el lugar no cumpla con los requerimientos mínimos (incluyendo componentes como los muros de contención, un centro médico permanente, baterías sanitarias y dispositivos de control del ruido) la certificación no debe darse como un hecho.
“Con los recursos que actualmente cuenta el proyecto que se encuentra en estado de suspensión y a las espera de autorizaciones y trámites por otras entidades, no se dejaría funcional y requería de una actualización de precios y el desarrollo de otros procesos contractuales para que este pudiese quedar en estado de funcionalidad para la necesidad que se pretende atender”, apuntó la CGA.
Además de estos nuevos problemas, los recientes informes publicados por ambas contralorías también podrían arrojar nuevas luces con miras a la batalla legal que ya se está librando por el autódromo, en la que participan Indeportes, Viva y el constructor original Ingecon.
Desde la orilla de esta última empresa, la abogada Laura Holguín Giraldo advirtió que el ente plasmó en su informe que elementos como los muros de contención, desarrollados por Ingecon, eran funcionales, descartando que en los mismos se hubieran cometido errores constructivos o de ingeniería que pusieran en riesgo la estabilidad de los taludes.
De igual forma, Holguín señaló que en el informe, tal como quedó plasmado, la Contraloría revisó las cantidades de obras aprobadas y ejecutadas, señalando no encontrar irregularidades.
A su juicio, estos y otros elementos reforzarían los argumentos de Ingecon en su demanda a Viva e Indeportes, en la que esa empresa sostiene que fueron ambas entidades las que incurrieron en los líos de planeación y administrativos que malograron la obra.
Por su parte, Carlos Contreras, líder de una veeduría ciudadana que desde 2019 viene haciéndole seguimiento al proyecto, apuntó que los hallazgos constituyen un material en el que otros entes de control como la Procuraduría General de la Nación también deberían profundizar.
