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La Arena Medellín es un proyecto controversial porque enfrenta dos necesidades de la ciudad: el deporte y la cultura. Un espacio hecho para sudar la camiseta, como el estadio Cincuentenario, donde se han formado importantes figuras del fútbol, cambiaría de vocación para seguir poniendo a exhalar a la gente, pero en torno a actividades lúdicas como la música y el baile.
Ello ha provocado que personajes como René Higuita se manifiesten públicamente pidiendo que no le quiten al Cincuentenario su uso actual.
Pero hay otros elementos que suscitan inquietudes, como el hermetismo que algunos dicen que ha reinado alrededor del tema y si los proponentes actuales tienen capacidad para ejecutar el proyecto.
Esta iniciativa busca que la ciudad tenga un escenario apropiado para espectáculos. Está concebido para que se desarrolle mediante una alianza público privada, que en plata blanca significa que el Municipio pone el lote y empresarios asumen los costos que demanden levantar la infraestructura necesaria y la operación de la misma a cambio de usufructuar las entradas por un tiempo a determinar.
Lo poco que se conoce públicamente hasta ahora es que se contempla un escenario con capacidad para 16.000 personas, 24 locales comerciales y 733 celdas de parqueo. Su costo son 91.790 millones para la construcción de infraestructura y 70.219 para dotación y gastos de funcionamiento —$162.000 millones en total— de acuerdo con el estudio de prefactibilidad.
En febrero de 2021 la llamada Promesa de Sociedad Futura Arena Medellín Entertainment Center SAS. presentó su propuesta al respecto, para hacer la Arena Medellín en el terreno que hoy día ocupa el estadio Cincuentenario, a un lado de la Universidad de Antioquia, en el sector de Carabobo Norte. Aunque catastralmente el lote es el mismo donde está el Parque Norte, se ha publicitado que el proyecto se desarrollaría donde están la cancha principal más la cancha auxiliar y las tribunas, que en total ocupan 22.678 metros cuadrados.
Una pregunta que de inmediato ronda es de dónde saldrá el dinero necesario para pasar del papel a la realidad, ya que aparentemente los accionistas de Promesa de Sociedad Futura Arena Medellín Entertainment Center SAS no demuestran mucha solvencia económica ni experiencia.
Una de ellas es Martin’s Investment Group, con un 90% de la propiedad accionaria y creada en 2017 en Medellín para actividades inmobiliarias y construcción de edificios. En ella están Jonathan Andrés Muñoz Rueda (representante legal) y Leidy Johana Muñoz (dueña). En su último informe financiero, correspondiente a 2020, la firma reportó activos por $808,5 millones y una utilidad neta de solo $22,5 millones. De manera alterna, Jonathan Muñoz aparece en el 2021 como contratista del Ministerio de Vivienda.
La otra, España Business & Entertainment SAS (10%) fue fundada en el sector de Las Aguas, centro de Bogotá, en 2016, por Oscar Leonardo Gutiérrez España, como único propietario. Su objeto es la producción de espectáculos musicales en vivo, la realización de programas y comerciales de televisión, anuncios comerciales y distribución de películas. En 2021 a esta empresa le figuraron dos contratos con Plaza Mayor por 521 millones de pesos, por prestación de servicios artísticos; reportó activos correspondientes a 2020 por $93,4 millones y un patrimonio de solo $69,4 millones.
Como representante legal de la APP que quiere construir y operar la Arena figura Óscar Mauricio García, a la vez socio de Johathan Andrés Muñoz, el representante de Martin’s en la firma Grupo Artinco con la cual contrataron los estudios de prefactibilidad del centro de espectáculos. Pero esta tampoco maneja operaciones de gran magnitud, a juzgar por el balance que presentó del año 2020, cuando dicha firma de ingeniería y temas inmobiliarios creada en 2012 tuvo ingresos por $782 millones, con un descenso significativo frente a los $3.861 millones del 2019, y su utilidad neta apenas llegó a $65,4 millones.
Los escasos ingresos de estas empresas contrastan por ejemplo con la APP que llevó a cabo la remodelación del coliseo El Campín, en Bogotá, en lo que hoy es la Arena Movistar, pues los trabajos tuvieron un costo de $70.000 millones (menos de la mitad de lo que vale el proyecto de Medellín) y la firma que los acometió, el consorcio colombo-chileno Colombiana de Escenarios, reportó en 2020, dos años después de la inauguración del escenario, un patrimonio neto de casi $48.000 millones.
Al ser consultado al respecto por este diario, Rodrigo Foronda, director de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP, que es la entidad del Municipio encargada) expresó que al presentar una iniciativa de estas, el proponente solo debe poner sobre la mesa el certificado de existencia y representación legal, y demostrar la viabilidad jurídica. Y que solo será tras el estudio de factibilidad, etapa que aún no está superada, cuando se analizarán aspectos como la capacidad técnica y financiera.
Por su parte, el director ejecutivo en Antioquia de la Cámara Colombiana de Infraestructura, José Fernando Villegas, compara el proyecto de la Arena Medellín con una caja de Pandora por la manera hermética como se ha manejado. Adicionalmente, en dos derechos de petición interpuestos por el concejal Alfredo Ramos (Centro Democrático) le han contestado que la información goza de una suerte de secreto industrial.
Villegas explicó que administraciones pasadas acostumbraban dialogar con el gremio de infraestructura antes de sacar una APP, con el fin de auscultar el grado de interés, pero en la alcaldía de Daniel Quintero eso no se hizo porque el contacto ha estado roto.
El líder gremial expresó sus reparos, porque si bien en la etapa de prefactibilidad no es esencial demostrar músculo financiero, a la hora de salir a buscar la plata, los bancos sí exigen garantías suficientes y una experiencia que deje bajo seguro su dinero, algo que aparentemente no tienen las firmas que pretenden hacer la Arena Medellín.
“Si te ganas la APP, tienes que garantizar el cierre financiero, que normalmente se da con un esquema de financiación 60-40 (la entidad financiera presta el 60 a 70%, pero el dueño del proyecto debe acreditar que tiene el otro porcentaje)”, dijo Villegas.
Recordó que, por ejemplo para el Túnel de Oriente, inicialmente se presentó una propuesta que contemplaba una combinación de pequeños y grandes empresarios, pero los bancos pidieron depurar el grupo solo con quienes tuvieran con qué responder.
Foronda le reveló a EL COLOMBIANO que el estudio de factibilidad sobre la Arena, que Promesa de Sociedad Futura Arena Medellín Entertainment Center debía entregar en octubre pasado quedó aplazado para mayo de 2022 a petición del proponente y debido a la complejidad de los estudios de ingeniería que se deben presentar.
“Tan pronto eso ocurra, la Agencia APP debe hacer todos los trámites en las secretarías de Planeación y de Hacienda, pues a pesar de que no se destina propiamente un presupuesto público, la ley obliga a hacer las aprobaciones de comparador público-privado y pasivos contingentes”, agregó Foronda.
Desde el momento en que le entreguen el documento, la Agencia APP tiene 90 días prorrogables a 180 para aprobar o no el estudio, pero el propósito sería gastarse solo dos meses, de manera que pueda abrir paso al proceso de selección abreviada del constructor-operador en agosto y en septiembre del mismo año comenzar las obras que tomarían alrededor de un año.
Así las cosas, daría tiempo a cortar la cinta de apertura antes de que termine la administración Quintero, de acuerdo con los cálculos de Foronda. Solo que para que estas cuentas alegres se cumplan tendrán primero que despejar las dudas que se ciernen sobre el proyecto y sus posibles hacedores.