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Pese a las constantes quejas de usuarios y dolorosos hechos que ha registrado este diario sobre la situación de la EPS intervenida Savia Salud, desde la Superintendencia de Salud señalaron que de acuerdo con sus estudios, los indicadores que componen la intervención de Savia han mostrado “tendencia a la mejoría”. En síntesis, según la Superintendencia, se desprende que la EPS no estaría tan mal como lo han señalado gremios, especialistas y usuarios.
Lo curioso del anuncio realizado este miércoles por medio de un comunicado de prensa es que la Supersalud no ofrece ni documentos ni cifras que controviertan el justificado malestar de usuarios que incluso han tenido que bloquear vías para presionar la prestación de los servicios por parte de Savia.
Pese a esto, y con base en este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la prórroga hasta el 16 de junio de 2025 de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, así como de la intervención forzosa administrativa que pesa sobre la EPS Savia Salud.
Según el comunicado de la SuperSalud, la intervención continuará con el ánimo de “superar los hallazgos e incumplimientos evidenciados por la Superintendencia” que, si bien para la entidad han mostrado tendencia a la mejoría desde la intervención, aún no cumplen con los estándares de calidad que se requieren para poder levantar esta medida.
Dentro de la extensión de la intervención, la Superintendencia ordenó la continuidad en el cargo del agente especial interventor Edwin Rodríguez Villamizar, “quien tendrá 30 días calendario para presentar e implementar un completo plan de trabajo que dé cumplimiento a las órdenes emitidas por la Supersalud, además de presentar informes periódicos en los que se detallen los avances propios de la intervención”, detalló la entidad nacional.
“Entre lo ordenado por la Supersalud al agente interventor se encuentra incrementar la atención integral con el fin de prevenir el riesgo y la aparición de enfermedades, así como generar una cultura de cuidado; resolver de fondo reclamaciones interpuestas por los afiliados; e identificar y medir riesgos que comprometan la salud de la población afiliada a efecto de suministrar servicios y tecnologías de manera integral”, se lee en el comunicado.
De otro lado, en materia financiera, la Supersalud señaló que el interventor deberá remitir en el informe mensual de seguimiento los avances obtenidos en el proceso de identificación, radicación y conciliación de las cuentas por cobrar, revelando periódicamente su impacto en los estados financieros de la entidad; así como el envío de un reporte sobre gestión, conciliaciones y avances de las medidas de salvamento orientadas a recuperar la EPS.
Sobre decisiones judiciales, la entidad pidió al interventor implementar estrategias para evitar nuevas medidas cautelares contra Savia; la implementación de estrategias para garantizar la prestación de servicios a los pacientes para así disminuir tutelas y desacatos; así como el seguimiento a procesos judiciales contra Savia para validar la efectividad en la defensa técnica de los casos.
Si bien el comunicado de la Supersalud se extiende en las directrices que por un año más tendrá el interventor Rodríguez Villamizar, en el mismo documento no desvirtúa con cifras o datos lo que desde hace un buen tiempo ha venido documentando este periódico.
Savia Salud sigue con un profundo boquete en sus cuentas: mientras que al cierre de 2023 los pasivos de la entidad ya se acercaban al $1 billón una posible capitalización, que desde hace varios años es la solución de corto plazo más tangible para alejar a la entidad del fantasma de la liquidación, continúa en vilo.
Según los estados financieros de Savia Salud entregados a la Contaduría General de la Nación, los pasivos se han incrementado. Mientras que en 2020 ese indicador estaba $656.724 millones, en diciembre de 2023 llegó a los $969.763 millones. Este último indicador, también con corte a diciembre de 2023, seguía siendo más grande que el patrimonio mismo de la EPS, calculado entonces en $789.734 millones (es decir, $183.028 millones por encima).
De igual forma, la entidad también registró un incremento en sus gastos de operación y administración, que pasaron de $80.976 millones en 2021, a $85.005 millones en 2022 y $95.731 millones en 2023.
Por su parte, al ser interrogado sobre el incremento de los gastos de operación y administración, el interventor argumentó que a raíz del incremento en la demanda de servicios la entidad ha tenido que reforzar el personal administrativo que atiende en las sedes.
En total, según Rodríguez, el área de auditorías médicas fue reforzada con 20 empleados, la de atención al usuario con 15 y cerca de 70 personas pasaron de trabajo remoto a presencial precisamente para reforzar a la EPS ante el alto volumen de trabajo.
Estos cambios, añadió el gerente, se suman a un proceso de nivelación salarial sobre 187 gestores de municipios, un incremento salarial del 7% de toda la planta y el inicio de un proceso de transición en el que cerca de 200 empleados tercerizados fueron vinculados a la EPS con contratos directos.
Frente a la extensión de la intervención la secretaria de Salud de Antioquia Marta Ramírez expresó su preocupación.
“Los antioqueños que queremos que nos devuelvan a Savia para estabilizarla la red hospitalaria y recuperar la salud de los usuarios vemos que –aunque el superintendente dijo hace alrededor de mes y medio que tenia claridad sobre lo que estaba ocurriendo y que iba a tomar medidas más temprano que tarde– todo sigue igual”, apuntó.
Ramírez también dijo que, de darse si la intervención no funciona, la liquidación de Savia sería la quiebra de la red hospitalaria en el departamento.
“No creo que el gobierno tenga la intención de liquidar más EPS pero vamos a ver que pasa en este período. Pero sí nos deja preocupación la extensión de la intervención pese a los resultados tan cuestionables que se han visto durante ella y que cada día antes desmejoran”, añadió.