La deforestación en Colombia ha sido un problema persistente durante las últimas décadas, la tala de bosques para la agricultura, la minería ilegal y la expansión de infraestructuras ha llevado a una alarmante pérdida de cobertura forestal han amenazado el bienestar de uno de los países más biodiversos del mundo.
Es importante abordar esta problemática para la conservación ambiental, el bienestar de las comunidades locales y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, hay buenas y malas noticias con respecto a la situación actual del país, ya que por una parte las cifras del 2023 disminuyeron, mientras que las de este 2024 van en aumento.
Cifra histórica de reducción
En 2023 se registró la cifra de deforestación más baja en Colombia durante los últimos 23 años, se redujo aproximadamente 79.256 hectáreas, casi la mitad de las 123,517 hectáreas perdidas en 2022, es decir que bajó entre un 25% y 35% a nivel nacional.
El 7% de la deforestación de 2023 se concentró en el Sistema Nacional de Parques Nacionales y los cuatro departamentos en los que la reducción fue más significativa fueron Meta (-57%), Putumayo (-52%), Caquetá (-34%) y Guaviare (-27%).
Según la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, “hemos identificado que hay una asociación directa entre la paz y el resultado de la deforestación, condiciones de paz generan reducción”.
A pesar de esta reducción, Colombia no ha abandonado la lista de las diez naciones en el mundo con la mayor tasa de deforestación.
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Los retos de la deforestación en Colombia
Para seguir con una tendencia a la baja de la deforestación en Colombia es importante tomar acciones en territorios estratégicos como la Amazonía y estar preparados para enfrentar el fenómeno de El Niño. Como estas metas no se cumplieron en su totalidad durante el último trimestre de 2023, la deforestación aumentó durante el primer trimestre del 2024.
Según Muhamad, entre enero y marzo de este año Colombia habría perdido aproximadamente 109.000 hectáreas de bosque principalmente por dos razones, el fenómeno de El Niño y las acciones del Estado Mayor Central, una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.
Según los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los departamentos más afectados han sido Caquetá, que comparado con el primer trimestre de 2022 aumentó la deforestación en 3464 hectáreas; en Meta el incremento fue de 2437 y de 1004 hectáreas en Guaviare. Además, los Parques Nacionales Nacionales Naturales La Macarena, Tinigua y Chiribiquete y los resguardos Yaguará II y Nukak siguen siendo las áreas protegidas que más deforestación presentan.
Según la ministra Susana Muhamad, “desde octubre del año pasado, hasta este periodo, después de nosotros (gobierno) haber recuperado la confianza del campesinado de los tres departamentos (Meta, Caquetá y Guaviare), empezó una disputa territorial con el Estado Mayor Central por la legitimidad frente al campesinado”.
El gobierno de Colombia espera que avancen los diálogos para tener un proceso de paz con las disidencias de las extintas Farc para que se implemente la conservación forestal.
Apoyo de la Unión Europea
La Unión Europea ha asignado recursos financieros significativos para apoyar el programa Bosques para la biodiversidad, el clima y la paz en Colombia, que tiene como objetivo principal abordar la deforestación y promover la conservación de los bosques en Colombia.
La inversión inicial fue de 47.000 millones de pesos colombianos, destinados a diversas actividades y proyectos dentro del marco del programa como frenar la deforestación, combatir los crímenes ambientales y promover la restauración y conservación de los bosques.
Además, se busca fortalecer las instituciones gubernamentales para gestionar de manera efectiva los recursos naturales y combatir los delitos ambientales así como involucrar activamente a las comunidades locales en la protección y gestión sostenible del territorio.
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Ley de Delitos Ambientales en Colombia
La ley 2111 de 2021 fue implementada el 4 de agosto del mismo año para proteger el medio ambiente y establecer sanciones contra quienes lo contaminen, degraden o destruyan de manera ilegal. Se destaca la penalización de la deforestación y otros cinco delitos ambientales que son el tráfico de fauna, la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y la financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación.