Lucha contra la trata de personas
En sí misma, la trata de personas afecta a prácticamente todos los Estados de la OSCE, ya sea como países de origen, de tránsito o de destino. Esta modalidad moderna de esclavitud es un ultraje a la dignidad humana, que a menudo conlleva el terror psicológico y la violencia física. La OSCE se ocupa de muchas cuestiones relacionadas con la trata de personas: los derechos humanos y el Estado de derecho, la corrupción y el control de la delincuencia, la discriminación y la desigualdad, y las políticas económicas, laborales y relativas a la migración.
En 2003, la Organización estableció la Oficina y el cargo del Representante Especial y Coordinador para la Lucha contra la Trata de Personas a fin de ayudar a los Estados participantes a que elaborasen y aplicasen políticas efectivas para luchar contra la trata de personas. La Oficina del Representante Especial promueve un enfoque centrado en las víctimas y basado en los derechos humanos a la hora de amparar a las víctimas.
El Plan de Acción de la OSCE contra la trata de personas es el marco de las actividades de la OSCE para apoyar las iniciativas de lucha contra la trata de los Estados participantes. Incluye recomendaciones esenciales para tomar medidas a nivel nacional, conocidas como las “3 P”:
- Prevención, incluida la concienciación y la gestión de las causas originales;
- Prosecución judicial, lo que incluye la investigación y la cooperación con las fuerzas policiales internacionales; y
- Protección de los derechos de las víctimas, lo que incluye brindarles asistencia y una compensación.
En 2013, la OSCE añadió una cuarta “P” (un capítulo sobre partenariados), para destacar la necesidad de mejorar la cooperación con las organizaciones internacionales y otros asociados, entre otras cosas también acerca de cuestiones relativas a las fuerzas policiales, los mecanismos de remisión nacionales y la labor conjunta de las instituciones públicas y el sector privado.
Algunas de las operaciones de la OSCE sobre el terreno ayudan a reforzar las capacidades de las autoridades nacionales y locales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan prevenir y combatir la trata de personas, fortalecer los procesos judiciales y ayudar a las víctimas. También imparten seminarios y cursos de formación para, entre otros destinatarios, agentes policiales, guardias fronterizos, jueces, fiscales, abogados, trabajadores sociales, líderes religiosos y medios informativos; realizan encuestas y estudios, y campañas de información para el público.